(EDITORIAL DE EL PAÍS, Tarija, 26 de julio de 2012).- No puede considerarse meramente casual que los principales escándalos de supuesta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), estén vinculados a la ejecución de proyectos que tengan que ver con el incremento del consumo interno de gas y la industrialización del mismo. Cualquier acción de YPFB que tenga que ver con el tendido de ductos de transporte de gas dentro del país para incrementar el consumo interno de ese energético en industrias, vehículos y domicilios, así como la recuperación de los licuables (moléculas de etano, propano, butano y pentanos) que siguen yéndose virtualmente gratis a Brasil y Argentina junto al gas metano, afecta intereses multimillonarios de las petroleras transnacionales que succionan a ritmos cada vez mayores esa riqueza no renovable. Pero precisemos en cifras esas afectaciones multimillonarias. El gas exportado a Brasil o Argentina representa un precio promedio de 11 dólares el millón de BTU.
Consiguientemente, de acuerdo a los contratos “de operación” firmados por el gobierno de Evo Morales con las transnacionales en octubre de 2006, las petroleras recibirán su participación en función a ese precio, es decir, unos 3 a 5 dólares por millón de BTU aparte de los “costos recuperables” que YPFB les devuelve. La variación se explica por el tamaño del campo en explotación (un beneficio mayor reciben Petrobras y Repsol, que operan los megacampos San Alberto, San Antonio, Itaú y Margarita, respecto de las que operan campos menores). Si ese mismo gas es destinado al mercado interno, que paga 1,5 dólares por millón de BTU, el beneficio para las transnacionales se reduce en esa misma proporción (unas ocho veces menos). Consiguientemente, las más interesadas en que al interior de Bolivia no se aliente el consumo de gas son ellas. YPFB tiene la obligación de contrarrestar las acciones de ellas en resguardo de los intereses de todos los bolivianos, como los consumidores domiciliarios de gas, los comercios, restaurantes, industrias y transporte público. En resumen, la exportación de gas genera unos beneficios del orden de los 1.800 millones de dólares anuales a favor de las petroleras. Si todo el gas se consumiera dentro del país, el beneficio se reduciría a unos 250 millones de dólares. Con los licuables la afectación también es multimillonaria. Argentina importa gas rico en licuables desde hace treinta años o más. Si bien los volúmenes de exportación eran “menores” (un promedio de 4 millones de metros cúbicos diarios MMCD), desde 2005 se pasó a enviar una media de 7 MMCD y, luego del contrato suscrito en 2006, el compromiso es llegar a los 27 MMCD, sólo tres MMCD menos que el contrato GSA con el que se exporta gas a Brasil. Al ritmo de exportación actual de gas a Argentina, el valor de los licuables que van gratis a ese país llega a los 300 millones de dólares anuales. Cuando se llegue a los 27 MMCD ese valor ascenderá a 1.000 millones de dólares anuales. Por ello es indispensable, estratégica, la culminación de la Planta Separadora del Gran Chaco, que, con una inversión de 603 millones de dólares, permitirá a los bolivianos quedarse con esos licuables, que son, básicamente, GLP, gasolinas naturales y el valioso etano, que es materia prima básica para la producción de etilenos y polietilenos. Con Brasil la historia es similar. Desde 1999 se envía gas rico en licuables a título gratuito que se van con los casi 30 MMCD que se exportan a ese país, que ha montado poderosas industrias petroquímicas que lo aprovechan a costo cero lo que en el mercado internacional vale 1.100 millones de dólares anuales. El asunto quedó parcialmente compensado cuando en diciembre de 2009, luego de 10 meses del escándalo Catler-Uniservice (enero/febrero de 2009), YPFB firma una adenda al contrato GSA que le permite cobrar un precio adicional por el gas rico, que equivale a sólo 100 a 180 millones de dólares anuales, dependiendo del valor calórico promedio del gas exportado. Brasil, luego de la adenda, se queda con el 80% de los licuables, hecho que le permitió anunciar de inmediato la inversión de 4.700 millones de dólares en dos petroquímicas que procesarán esa energía en Tres Lagoas y Uberaba. El escándalo Catler - Uniservice derivó en la suspensión de la construcción de la separadora de líquidos de Río Grande. El de Gerson Rojas apuntaba a lo mismo, pero ahora también a la del Gran Chaco. Varios sectores de la extrema derecha, vinculada a quienes el 2008 pidieron el protectorado de Brasil, ahora exigen que las irregularidades que se habrían cometido en la contratación de las empresas que las construyen deriven en la inmediata paralización de las obras. Bolivia e YPFB no pueden ni deben caer en ese juego. Las investigaciones por presuntas irregularidades, afecten a quienes afecten, no deben, por razones de Estado, afectar la conclusión de las plantas y su plena operación. Por ello, resulta atinada la inmediata reacción del actual presidente de YPFB, quien aclaró que las obras continuarán. Si esa misma lógica hubiera prevalecido cuando estalló el lío de Catler-Uniservice el 2009, que catapultó a Carlos Villegas a la presidencia de YPFB, Bolivia ya hubiese contado con una petroquímica y ya no estaría importando GLP y gasolinas. Caiga quien caiga sí, pero no las Plantas Separadoras ni la industrialización. Vale la oportunidad para hacer prevalecer nuevamente la garantía constitucional de presunción de inocencia, muy olvidada ahora cuando se trata de castigar a los opositores o, como el caso de Santos Ramírez, a rivales políticos, como éste mismo ha dejado entender, hechos que, contrariamente, han debilitado al propio gobierno cuando debe enfrentar estas crisis. A propósito: ¿Por qué no se investigan a fondo el asesinato de Jorge O’Connor y el triple accidente de Gerson Rojas, que casi le cuesta la vida? ¿Por qué esos hechos derivaron, extrañamente, en investigaciones a las Plantas Separadoras de Líquidos? La punta del ovillo parece estar ahí, antes que en las presuntas coimas. *El título original del editorial de El País de Tarija, del jueves 26 de julio de 2012, es “YPFB: prioridades de Estado”. *** Este es un servicio de la Plataforma de Política Energética, un espacio permanente, plural y abierto a todos, para compartir información, generar conocimiento y promover el debate público sobre los temas fundamentales del sector energético (www.plataformaenergetica.org
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