Desde el punto de vista de la economía normativa, la OCDE expresa juicios de valor en
aspectos de: asignación de recursos, medición e indicadores del crecimiento verde,
aspectos de políticas públicas, economía del bienestar y los problemas del sistema
económico vigente.
Además realiza un compendio en las políticas que deberían ser
utilizadas (ver cuadro II).
Como se aprecia en el cuadro I, los aspectos normativos de la definición de crecimiento
verde de la OCDE evitan considerar temas de justicia social, responsabilidades
diferenciadas entre países y justicia intergeneracional, contrastando significativamente
con la definición del PNUMA.
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