La Secretaría Permanente del SELA reconoce los avances logrados por el PNUMA y la
OCDE en la construcción del andamiaje teórico y práctico de la economía y crecimiento
verdes y en esta sección se busca aportar algunas reflexiones a la discusión del tema. De
igual manera, es obvio que el contexto de ALC, se presentan grandes niveles de
desigualdad. El crecimiento que la región ha experimentado en la pasada década ha
sido aún insuficiente para reducir las enormes brechas en el ingreso así como en la
participación en la economía de los países. Sabemos que ALC no es la región más pobre
pero si la más desigual, por lo que la atención no puede estar sólo dirigida al crecimiento,
sino también a cómo ese crecimiento puede permitir una mejor distribución de los
ingresos para reducir rezagos históricos en materia social.
Para la Secretaría Permanente, una economía verde necesariamente tiene que ser
redistributiva y debe enfocarse en políticas que hagan incluyentes el crecimiento y el
desarrollo, sobre todo a los grupos más vulnerables en las áreas rurales, grupos indígenas
o mujeres, quienes tradicionalmente han enfrentado las mayores barreras para avanzar
en la escala económica. Ella tendría que constituirse a partir de un sistema económico
que considera en su equilibrio general holístico la interacción justa de los agentes
económicos y los factores de producción, el respeto y buen funcionamiento de los
equilibrios implícitos del capital natural y de los ecosistemas del medio ambiente, las
necesidades de la sociedad y la correcta armonía entre los países desarrollados,
emergentes y en desarrollo a fin de promover un desarrollo incluyente.
La economía verde redistributiva debe tomar en cuenta:
1. No comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus
necesidades;
2. Considerar y respetar los derechos de los países menos desarrollados a un trato
especial y diferenciado en la transición hacia una economía verde;
3. Asegurar la justicia e inclusión social por medio de la intervención del Estado y la
aplicación de políticas públicas que permiten absorber los costos de la transición;
y
4. Asignar un valor a los bienes y servicios del capital natural de cada país, de modo
que se reconozca la contribución que ya hacen los países en desarrollo, y en
particular los de ALC.
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