El PNUMA agrega que en una economía verde, el aumento en los ingresos y la creación
de empleos deben derivarse de inversiones públicas y privadas destinadas a: i) reducir las
emisiones de carbono y la contaminación; ii) promover la eficiencia energética así como
el uso congruente de los recursos; y iii) evitar la pérdida de diversidad biológica y de
servicios de los ecosistemas.
Dichas inversiones han de catalizarse y respaldarse con gasto
público selectivo, reformas políticas y cambios en la regulación. El camino hacia el desarrollo debe mantener, mejorar y, donde sea necesario, reconstruir el capital natural
como activo económico fundamental y fuente de beneficios públicos, especialmente
para las personas desfavorecidas, cuyo sustento y seguridad dependen de la naturaleza.
Es de esperarse que la mayor parte de las inversiones necesarias para la transformación
hacia una economía verde provengan del sector privado, que dispone de mayores
recursos financieros que el sector público para realizar esta reconversión.
Sin embargo, en
países en desarrollo una buena parte de los fondos necesarios para las inversiones verdes
a gran escala en las etapas iniciales de la transición deben provenir de mecanismos de
financiación nuevos e innovadores. En este sentido, el Fondo Verde para el Cambio
Climático y los mecanismos de financiación incipientes de REDD+13 ofrecen perspectivas
favorables para lograr la financiación de la magnitud necesaria para una transición
efectiva a una economía verde. En los casos en que las condiciones presupuestarias
nacionales sean limitadas, los bancos multilaterales de desarrollo están en una posición
ideal para ofrecer asistencia financiera y permitir que estos países participen en el camino
del desarrollo verde.
El PNUMA también le da un papel central al Estado y las políticas públicas para la
corrección de las distorsiones provocadas por los subsidios perjudiciales y los costos
externalizados.
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