El falso supuesto de que mientras mayor sea la inyección de capital habrá un crecimiento más elevado de la economía a llevado a que las políticas públicas más alineadas con el neoliberalismo enaltezcan ese fin como un factor determinante. Sin embargo, como la inversión privada se inclina a maximizar la rentabilidad, las políticas públicas deberían lograr que este objetivo privado sea conciliado con la meta social de agregar valor y crear empleo equitativamente remunerado, señala Velazco. Para ello, continúa, las políticas deben considerar incentivos confiables que orienten los recursos hacia lo productivo en lugar de premiar el mercantilismo, la especulación y la acumulación, además de premiar la creación de puestos de trabajo y las inversiones que tengan mayor impacto positivo en el ingreso de los trabajadores y sus familias. Señala que en “una economía para la gente” no son suficientes políticas para promover simplemente inversiones públicas, privadas o atraer a la Inversión Extranjera Directa (IED), sino que busquen la creación de empleo. Según Velazco, en un contexto como el boliviano, aunque la IED puede ser necesaria para el logro de algunos objetivos específicos, normalmente no contribuye a fortalecer la economía de la gente, por la sencilla razón de que no agrega valor ni genera empleo en cantidades significativas porque son inversiones en sectores extractivos y que se orientan a maximizar la rentabilidad.
+De hecho, la EID utiliza equipos y maquinarias que no se producen en el país, requieren de técnicos y tecnologías especializadas disponibles internamente, pero el producto se transforma y se consume en el exterior. De esa manera una gran parte de la inversión que supuestamente se realiza en Bolivia, en la práctica está generando empleos y salarios en otras economías. Además, dijo, las actividades extractivas son rentables en el presente a costa de dejar a las generaciones futuras sin un recurso no renovable. Velazco señaló que la inversión pública en servicios e infraestructura social, aunque es importante en términos del bienestar, tiene bajo impacto directo en el crecimiento de la economía a corto y mediano plazo y en la medida que esté orientada a actividades extractivas, sea en proyectos productivos o de infraestructura, tiene en esencia las mismas limitaciones que la IED. Para que estas inversiones impulsen al desarrollo, deben considerar, explícitamente, la creación de valor agregado y de puestos de trabajo, preferentemente creando las condiciones para que sean los actores económicos “no públicos” los que cumplan con esta función, indica Velazco en su propuesta. En los últimos años se observa una mayor expansión de la inversión pública en proyectos mineros como de hidrocarburos. Más datos Equilibrio Para que la economía crezca de una manera sostenida, se requiere un equilibrio dinámico entre lo que la economía produce (el ingreso) y lo que la sociedad demanda (el consumo), lo que necesariamente implica la distribución del ingreso. Participación Las organizaciones económicas no públicas de la economía plural son las que hoy generan un 90% del empleo y casi las tres cuartas partes del PIB. Estado Para este año el Gobierno proyectó en el Presupuesto General del Estado una asignación de 3.461 millones de dólares. ¿Dónde priorizar los recursos de capital? Los estudios más recientes sobre el desempeño de la economía boliviana insisten en que para superar los actuales niveles de crecimiento se requieren inversiones anuales del orden del 25% del PIB. Sin embargo, los análisis no distinguen si el nivel estimado de inversión se realiza en el sector de hidrocarburos, minería, agricultura, comercio, construcción o industria; o si se la materializa mediante empresas multinacionales o a través de microempresas. Aunque para los dueños del capital los beneficios pueden ser casi los mismos, los resultados deberían ser diferentes si se ejecutan 2.000 millones de dólares anuales en hidrocarburos que en producción de quinua o en el micro-comercio, opina Enrique Velazco, director de Inaset. Esta publicación cuenta con la colaboración de la Plataforma Empleo Digno.
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