A la crisis financiera mexicana, considerada como la primera crisis
global del siglo XXI, se sumaron las crisis de Asia, Rusia, Brasil,
Turquía y Argentina que han afectado a los organismos financieros
internacionales a tal grado que se anuncia la necesidad de una “nueva
arquitectura” del sistema financiero internacional. Al respecto cabe
preguntar: ¿se pueden prever las crisis bancarias? ¿qué posibilidades
hay de que en los países en crisis se adopte una normatividad, conforme
a los lineamientos del Acuerdo de Basilea23, para la supervisión del
sistema bancario y de los bancos extranjeros que han llegado a
capitalizar a los nacionales? ¿cómo se mide la eficiencia de un banco
en función de sus activos y sus valores frente al mercado nacional e
internacional? ¿cuál es la participación de los mercados emergentes?.
Es indudable que a partir de los cambios que produjo la privatización
de la banca en 1991 se está conformando la nueva estructura bancaria
mexicana para el siglo XXI. Con la crisis bancaria se han delineado dos
tipos de bancos: por una parte, los de participación extranjera y los
nacionales que se han ido fusionando a lo largo de sus propias crisis de
capitalización, y por otra, la banca de desarrollo, que también ha
presentado elevados índices de morosidad y ha tenido que ser rescatada
por el gobierno federal. Así, la banca de desarrollo se ha ido acoplando
a las necesidades de inserción de la política económica del país en un
modelo exportador y necesitado de divisas, pero su participación en el mercado declina. Es muy probable que continúe tanto la fusión de
bancos como su rescate.
Lo acontecido en México a partir de 1994-1995 hace que surja el
interrogante de sí realmente el Fondo Bancario de Protección al
Ahorro, el Acuerdo para Deudores, el Programa de Capitalización
Temporal y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario han
cumplido con su objetivo.
Ante el proceso generalizado de racionalización del sistema,
caracterizado por el ingreso y la mayor presencia de filiales de
intermediarios extranjeros, las alianzas estratégicas y fusiones
constituyen una opción para enfrentarse a las condiciones de la nueva
competencia, así como a las necesidades de recapitalización. Ello
además de la intervención gerencial de algunos bancos: Unión, Cremi,
Obrero, Banpaís, Interestatal, Centro y Banorte, cuyos quebrantos
ascienden aproximadamente a 14 600 millones de pesos (cerca de 2
000 millones de dólares).
La primera intervención del IPAB fue la realizada en Banca Serfín, la
cual se realizó a partir de julio de 1999, donde 80% del capital de dicho
Banco se licitó públicamente, ya que el 20% de las acciones eran
propiedad del Hong Kong Shanghai Bank Corporatión, con un costo de
29 000 millones de pesos necesarios para el saneamiento de la
institución. En octubre de 1999 los accionistas de Bancrecer asumieron
una pérdida por el equivalente de 900 millones de dólares y
formalizaron la transferencia del control de este intermediario al IPAB,
el cual aportará hasta octubre de 2002 102 mil millones de pesos para
el saneamiento de Bancrecer; y se considera que de este monto sólo se
recuperarán 9 mil millones de pesos, considerando la compra que hizo
Banorte de Bancrecer.
El proceso de integración entre Banamex-Accival y Citigroup estará
concluido a principios de 2002. Los primeros resultados de la fusión en
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materia de redes, servicios y productos, se tendrán en diciembre del
2001, mientras que los primeros productos ya como grupo combinado
(Banamex-Citigroup) se verán a principios del 2002. Los datos hasta
octubre de 2001 indican que los siguientes aportes del IPAB se
otorgarán para la fusión de Bital y Atlántico, los cuales ascienden
aproximadamente a 13 o 14 mil millones de pesos.
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