Bruselas. — Italia y España han hecho un frente común y bloqueron el flamante Pacto por el Crecimiento, por el que
la Unión Europea pretende movilizar hasta 120.000 millones de euros para estimular la economía. Los dos países solo
apoyarán la medida si se dan soluciones a corto plazo que frenen su crisis financiera.
Según un portavoz español, España está de acuerdo con el contenido del Pacto por el Crecimiento, pero tanto Madrid
como Roma exigen una respuesta que no incluya solo medidas a largo plazo, sino también medidas de cortísimo plazo
que permitan "estabilizar a los mercados" y frenar el ataque sobre sus bonos.
Estas medidas —que van desde la compra de deuda por parte de los fondos de rescate de la UE a una
recapitalización directa de la banca española— se estudiarán hoy en una reunión entre los jefes de Estado y de
gobierno de los 17 países de la zona euro.
Tanto España como Italia están a favor de las medidas para favorecer el
crecimiento, pero fuentes del gobierno español explicaron que ese pacto "es totalmente insuficiente: no es creíble sin
medidas para desbloquear el asunto prioritario y urgente, una solución al problema de la sostenibilidad de la deuda",
que obliga a ambos países a pagar interesas exorbitantes para captar dinero en los mercados.
A falta del visto bueno de España e Italia, el resto de países de la Eurozona ha acordado el Pacto por el Crecimiento,
que igualmente no puede ponerse en acción sin el visto bueno de esas dos naciones.
El plan consiste en movilizar
120.000 millones de euros para estimular la economía y crear empleo, aseguró el presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy. Pero tras esta cifra llena de ceros se esconde una realidad menos deslumbrante: el dinero
nuevo movilizado por este plan es de sólo 10.000 millones. El resto surgirá vía endeudamiento y fondos ya
preasignados.
España sería uno de los principales receptores de estos fondos. Además, la UE ha encargado a Van Rompuy que
desarrolle un plan para alcanzar una "unión monetaria y económica genuina". Será una unión fiscal que facilitará la
cesión de soberanía de los Estados nacionales a las instituciones comunitarias, un requisito de Alemania antes de
activar planes como los "eurobonos".
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