A instancias de la Fiscalía Anticorrupción española, el magistrado aceptó hacerse cargo de la instrucción del procedimiento al entender que los hechos "han perjudicado seriamente a la economía nacional”.
Setenta y ocho de sus clientes están en el punto de mira, señala el diario español La Razón.
En su resolución del pasado 18 de mayo, el juez Moreno hace suyos los argumentos de Anticorrupción para intentar esclarecer la participación de los responsables de la entidad, que se estableció en España en 2011, en las actuaciones para "ocultar y encubrir el origen delictivo de los fondos invertidos en las cuentas corrientes” de las mafias chinas investigadas.
Anticorrupción observa al banco chino que, después de tener conocimiento de las pesquisas al cursarse órdenes de embargo de cuentas y de solicitud de información, lejos de colaborar con la justicia puso en marcha "varias maniobras de ocultación de las transacciones y transferencias de sus clientes”.
Saltándose la ley de prevención del blanqueo de 2010, no alertó al Sepblac, el servicio de prevención de blanqueo de capitales, de ninguna operación sospechosa por parte de esos 78 clientes investigados, cuya identificación era, además, "mínima”, aceptándose la actuación de testaferros.
Operaciones en cuentas
Por si fuera poco, el banco ICBC remitió a las autoridades judiciales facturas anteriores al inicio de las operaciones de las cuentas investigadas o "cuyos adeudos no se recogían en el movimiento de la cuenta”.
Desde un primer momento, señala Anticorrupción, su modelo de negocio buscaba "captar el efectivo” de sus compatriotas en España, que acudían a la sucursal de la entidad en Recoletos, Madrid, (disponía además de otra sucursal en Barcelona) "portando en mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivo” que ingresaban en sus cuentas personales o en la de sus sociedades, "para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China”.
Además del dinero procedente de la red de Gao Ping, ICBC se habría nutrido de más de 300 millones supuestamente defraudados por una organización china que tenía su epicentro en el polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid) -desarticulada en mayo del pasado año en la operación Snake- o de los 100 millones de dólares en que se cifra el fraude en importaciones de la red desmantelada en noviembre de 2014, en el marco de la denominada operación Juguetes y sobre la cual pesa la sospecha de lavado de activos y tráfico de influencias.
Asunto turbio
Investigación El banco chino actuaba, según Anticorrupción, como "un canal de blanqueo de rentas ilícitas originadas en las economías sumergidas del fraude fiscal y contrabando” de esas organizaciones criminales, favoreciendo masivas transferencias de fondos en efectivo desde España a China, al menos 90 millones de dólares "amasados por varios de los investigados” en esos procedimientos penales.
Estrategia 1 Para no levantar sospechas, se dividían los importes de los ingresos entre diversas sociedades de los líderes de esas mafias chinas.
Estrategia 2 Se ocultaban los masivos abonos en cuentas "troceando las cantidades en importes inferiores al umbral de 50.000 dólares”.
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