"Con esta rigurosa política fiscal... todos podrán proyectar los números", dijo Henrique Meirelles en una entrevista con el Financial Times.
El plan para eliminar aumentos reales en el gasto presupuestario hasta por 20 años es el elemento principal de una serie de reformas, desde la política fiscal hasta las regulaciones en materia de pensiones y la operación de Petrobras, la compañía petrolera estatal afectada por el escándalo, cuyo paso por el congreso está apresurando el Gobierno del presidente interino Michel Temer.
Después de llegar al poder como consecuencia del proceso de juicio político en contra de la presidenta, Dilma Rousseff, por presunta manipulación del presupuesto, Temer apuesta su liderazgo a la estabilización de la economía y la reducción de un alarmante aumento de la deuda pública.
El producto interno bruto de Brasil se contrajo en un 3,8 por ciento el año pasado y se espera que se reduzca en esa misma cantidad este año.
Muchos culpan al Gobierno de Rousseff, el cual (mediante la concesión de exenciones fiscales ad hoc y la intervención en la economía) aumentó considerablemente la deuda pública bruta hasta el 67,5 por ciento del PIB desde un poco más del 52 por ciento en que se encontraba a mediados del año 2014.
La incertidumbre sobre las finanzas públicas de Brasil ha dejado al país con un diferencial de permuta de incumplimiento crediticio (una medida de la probabilidad de impago) de 345 puntos básicos.
Esta cifra ya es menor al nivel máximo cercano a los 500 puntos básicos de comienzos de este año durante la crisis política que condujo al juicio político de Rousseff, pero aún es mayor que las de otros mercados emergentes con calificaciones crediticias similares, como Rusia con 258 puntos básicos. Meirelles dijo que este indicador podría disminuir rápidamente si se recupera la confianza.
"Si se reduce a la mitad de lo que es hoy, tendría un efecto sobre las tasas de interés", dijo.
Meirelles explicó que esperaba que el plan presupuestario fuera aprobado por el congreso antes de fin de año, afirmando que encontró poca resistencia cuando se lo presentó a los líderes que representan a 340 congresistas de los 513 que integran la cámara baja.
Veterano de la última crisis de Brasil en 2003, cuando era gobernador del banco central durante el entonces naciente Gobierno del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, Meirelles dijo que esta crisis era diferente.
Aquella emergencia previa fue una crisis de balanza de pagos, no un problema presupuestario. Actualmente, con una reserva de divisas de 370 mil millones de dólares, las cuentas externas de Brasil son más sólidas. El problema, en cambio, se trata de déficits fiscales insostenibles, dijo.
Insistió en que el objetivo de su Gobierno era lidiar con los "hechos" y realizar una evaluación precisa de la situación. "Los brasileños se acostumbraron a escuchar cifras optimistas en los últimos años", dijo.
El nuevo Gobierno investigó las cuentas públicas cuando asumió el poder a mediados de mayo y descubrió que un gran número de deudas estatales (incluyendo deudas con los organismos multilaterales y proveedores de servicios) estaban "vencidas".
Anunció un objetivo de déficit presupuestario del 2,75 por ciento antes del pago de intereses mucho más profundo que lo que el Gobierno de Rousseff tenía para este año.
La otra diferencia entre el trabajo de Meirelles ahora con respecto a 2003 es que como ministro de Finanzas tiene que lidiar con la política. El jefe del Banco Central de Brasil es en gran medida autónomo.
Sin embargo, dijo que Temer, quien ha fungido como líder de la cámara baja tres veces, era experto en ocuparse de la mayor parte de la política relacionada con el Gobierno.
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