Después de una verdadera batalla de maratón y más de seis meses de negociaciones del Gobierno de Tsipras con todos los niveles de la Eurocracia, el asunto termina con una declaración de siete páginas, que contiene una serie de medidas, órdenes, instrucciones, mandatos, plazos, prohibiciones e incluso amenazas explícitas llenas de soberbia y de ira, que quedará para que alguna vez la verdadera historia los juzgue y los condene.
Lo peor de todo es que mientras todo el mundo habla de un acuerdo, el europanfleto dice "un posible acuerdo futuro” sobre un nuevo programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) si y sólo si como "condición previa” se restablece la confianza con el Gobierno griego, el cual debe "aprobar sin demora”, a "más tardar”, de "manera inmediata” una serie de medidas, entre las que resalta "la racionalización del sistema del IVA y la ampliación de la base tributaria para aumentar los ingresos y las medidas directas para mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones como parte de un programa general de reforma de las pensiones”.
Adicionalmente debe presentar un calendario satisfactorio para:
-Llevar a cabo una ambiciosa reforma de pensiones.
- Adoptar reformas más ambiciosas del mercado de bienes y servicios.
- Proceder a la privatización del operador de redes de transmisión eléctrica.
- Efectuar revisiones rigurosas y modernizar la negociación colectiva en el mercado laboral.
- Adoptar las medidas necesarias para fortalecer el sistema financiero.
Destaca la privatización donde el Gobierno griego debe elaborar un programa de privatizaciones de escala considerablemente mayor y que se "transferirán bienes griegos a un fondo independiente que monetizará los activos mediante privatizaciones y otros medios.
Generará un total de 50.000 millones de euros; 25.000 millones se utilizarán para la amortización de la recapitalización de los bancos, 25.000 millones para reducir la tasa de endeudamiento en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) y 25.000 millones para inversiones”.
Para colmo, estas medidas draconianas son para la Eurocracia simples "requisitos mínimos para iniciar las negociaciones con el Gobierno griego”, puesto que el núcleo del problema de la deuda, que es su financiamiento, sólo dice escuetamente: "La Cumbre del Euro toma nota de que las posibles necesidades financieras del programa están entre 82.000 y 86.000 millones de euros según evaluación de las instituciones”.
Y ante el grave problema de liquidez inmediata indica: "La Cumbre del Euro toma nota de las urgentes necesidades de financiación de Grecia se calcula ascienden a 7.000 millones de euros para el 20 de julio y 5.000 millones de euros más para mediados de agosto”.
Para concluir con una lavada de manos a lo Pilato: "El riesgo de que no se concluyan rápidamente las negociaciones corresponderá plenamente a Grecia”.
Lo que termina de oscurecer por completo este panorama es que antes que Tsipras convoque a referéndum el 5 de julio, ya el 26 de junio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) disponía de un análisis preliminar de sustentabilidad de deuda (DSA) en el que concluía que la deuda griega era inviable, altamente insostenible; que si seguía la tendencia histórica la deuda bruta llegaría a representar el 250% el 2022 y que las necesidades de nuevo financiamiento llegarían a representar el 40% del PIB en 2022, como se observa en el gráfico.
En el escenario base el FMI supone un superávit primario fiscal creciente del orden del 3,5% del PIB, en cambio en el otro se supone un superávit primario constante del 1% pero con medidas como la reducción de deuda.
Sin embargo el documento señala que "la Cumbre del Euro insiste en que no pueden llevarse a cabo quitas nominales de deuda”. Tsipras no estaba de acuerdo, ahora ni siquiera el FMI.
Parece que la Cumbre del Euro fue un pandemónium; entendido en sus dos acepciones; reunión de demonios, donde hay una que se convierte en enemigo arquetípico, o lugar donde hay mucha confusión y ruido.
(*) El autor, economista, fue presidente del Banco Central de Bolivia.
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