Fuentes gubernamentales señalaron hoy que el compromiso alcanzado, que todavía deberá obtener luz verde del Eurogrupo, contempla una revisión de los objetivos presupuestarios que incluye ajustes "suaves", mucho menores de los que se le habían exigido al Gobierno anterior.
En concreto se refirieron a los nuevos objetivos para el superávit, revisados a la baja debido al nuevo retroceso de la economía este año y que se ha incrementado con la imposición de los controles de capital.
Para el año en curso, Grecia y las instituciones -Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Mecanismo Europeo de Estabilidad- acordaron que en lugar de un superávit primario de un 1 % del producto interior bruto (PIB), tan solo será necesario un déficit primario del 0,5 %.
Para 2016 se ha previsto un superávit primario del 0,5 %; para 2017, del 1,75 %, y finalmente para 2018, del 3,5 %, el objetivo que se había fijado inicialmente.
Las citadas fuentes añadieron que el acuerdo, una vez sellado, no solo dará liquidez para refinanciar la deuda hasta el primer semestre de 2018, sino que además proporcionará dinero "fresco" al mercado, lo que permitirá revitalizar el mundo empresarial.
Además, resaltaron, contempla una recapitalización de la banca a finales de este año, con una primera inyección de 10.000 millones de euros, que elimina el peligro de quitas a los depósitos.
También aseguraron que el Gobierno ha conseguido mantener hasta finales de año la moratoria a los desahucios de la primera vivienda y evitar que las cartera de crédito morosos de los bancos sean vendidos a fondos privados.
El Ejecutivo se ha comprometido a buscar en otoño en cooperación con los acreedores una fórmula adecuada para el tratamiento de estas carteras.
Los comentarios gubernamentales llegaron antes de que se publicara el acuerdo en sí, que incluye una lista de 35 acciones previas a legislar inmediatamente.
Entre ellas figura, según informa la prensa local, la abolición de las ventajas fiscales de los agricultores en dos fases, cambios en el impuesto sobre bienes inmuebles, así como la modificación de la nueva ley que permite el pago de las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social en cien plazos.
Además, prevé una reestructuración del régimen de pensiones con el objetivo de lograr un ahorro anual del 0,5 % del PIB, así como la eliminación gradual de las jubilaciones anticipadas.
Entre otros muchos apartados, contempla también la liberalización plena del sector energético en 2018, así como la de algunas profesiones como ingenieros o notarios.
Asimismo prevé la reducción de la burocracia o medidas para agilizar la concesión de licencias para las inversiones de bajo riesgo.
Está previsto que el Parlamento vote el próximo jueves este compendio de medidas, que van unidas al programa de rescate.
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