Mientras Argentina continúa desafiando las órdenes de las cortes estadounidenses que la obligan a pagarles a los acreedores holdout después del impago de deuda de 2001, sus ciudadanos están sufriendo las mayores consecuencias de una economía en dificultades. A los tenedores de bonos aún no se les ha pagado puesto que el Gobierno incumplió nuevamente el año pasado. Los intermediarios financieros a quienes un juez de Nueva York les impidió procesar pagos de los bonos argentinos reestructurados han caído en desgracia por la disputa.
Sin embargo, Fernández se prepara para atribuirse una victoria política cuando expire su mandato después de las elecciones presidenciales en octubre, al haber mantenido su promesa de no pagarles a lo que ella llama "fondos buitre" (encabezados por Elliott Management del multimillonario estadounidense Paul Singer) "ni un sólo centavo más" que la cantidad aceptada por el 93 por ciento de los acreedores en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.
"Es muy notable que podamos decir que Cristina ha ganado, teniendo en cuenta cuántas pérdidas ha sufrido Argentina en los tribunales", dice Tim Samples, profesor de estudios legales de la Universidad de Georgia, en referencia a los repetidos fracasos de Argentina para revertir un fallo en una corte de Nueva York que le ordena pagar a los fondos de cobertura "holdout" en su totalidad. El problema, dice, es la extensión de los daños colaterales.
"¿Qué ha logrado realmente la justicia? Los mayores perdedores son las partes perjudicadas, los inocentes que han estado haciendo sus trabajos o que actúan de buena fe: los que son actores responsables en el sistema financiero". Entre éstos se incluyen los tenedores de bonos y los intermediarios financieros que participaron en las reestructuraciones de deuda de Argentina.
La semana pasada, el ministro de economía Axel Kicillof amenazó a Citibank con sanciones, lo que provocó temores de que se revocara su licencia bancaria local, después de que el banco estadounidense dijo que abandonaría su actividad como entidad depositaria en Argentina en un intento de cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa que le impide efectuar pagos a los tenedores de la deuda reestructurada de Argentina antes de pagarles también a los acreedores holdout.
Fernández también ha capeado una profunda crisis política desencadenada por la misteriosa muerte en enero de un fiscal federal, Alberto Nisman. El pasado 26 de marzo, un tribunal de apelaciones confirmó la decisión de un juez de desestimar las acusaciones de Nisman de que Fernández había ayudado a encubrir un supuesto papel de Irán en el peor atentado terrorista ocurrido en Argentina, en 1994.
Sin embargo, la economía de Argentina sigue en dificultades, lastrada por una de las mayores tasas de inflación del mundo y controles de capitales que están afectando la moneda.
"Tal vez (la Presidenta) pueda dejar el cargo diciendo que no ha cedido ante los acreedores holdout, pero ¿acaso ha hecho algo para resolver la crisis financiera de Argentina? La respuesta es no", dice Richard Samp, asesor jurídico principal de la Fundación Legal de Washington. "Ella ha ganado la batalla política a expensas de convertir a Argentina en un paria en los mercados financieros internacionales".
De hecho, la incapacidad de Argentina para solicitar préstamos del extranjero es la mayor preocupación del Gobierno conforme intenta recaudar fondos para paliar la creciente escasez de divisas, dice Alejo Costa, estratega jefe de Puente, un banco de inversión en Buenos Aires.
"Elliott está acorralando a Argentina cada vez más y no hay mucho que Argentina pueda hacer, salvo llegar a un acuerdo, lo cual esta administración no planea hacer", dice Costa.
Dice que los acreedores holdout están tratando de impedir que el Gobierno emita una nueva deuda externa, o haga pagos de los bonos existentes. La estrategia consiste en poner a Argentina en una situación financiera tan apretada que el nuevo presidente que asuma el cargo en diciembre se vea obligado a entablar negociaciones rápidas.
El mes pasado se frustró un intento de emitir al menos 2 mil millones de deuda en dólares bajo la legislación local con la ayuda de JPMorgan y Deutsche Bank puesto que los bancos temieron quedar atrapados en una costosa disputa legal con los acreedores holdout por ayudar a Argentina a evadir el fallo del juez Griesa.
Pero Costa cree que el Gobierno aún puede tener éxito en obtener suficientes préstamos en dólares como para evitar una crisis de la balanza de pagos (y con ello la necesidad de negociar con los acreedores holdout) antes del final del mandato de Fernández, mediante una serie de colocaciones privadas con inversionistas individuales.
En otros intentos paralelos para presionar a Argentina, Elliott también está a la caza de activos que embargar como compensación.
Sin embargo, la cantidad de dinero involucrado en este tipo de demandas es ínfima en comparación con los 1,6 mil millones de dólares que Argentina le debe a Elliott, dice Samp.
"El tiempo está a favor (de Elliott)”, señala Samp. "Con el tiempo Argentina se dará cuenta de que le conviene regresar a los mercados financieros, y en ese momento estarán dispuestos a negociar".
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