En la morgue principal en el centro de Caracas, el olor fuerza a todos a taparse las narices. “Ahora las cosas van peor que nunca”, dice Yuli Sánchez. “Matan a la gente y no castigan a nadie mientras las familias tienen que aguantar su dolor”.
Oliver, el sobrino de 14 años de Sánchez, murió después de que un grupo de “malandros” le disparó cinco veces mientras andaba con un amigo en su motocicleta. Su tío, Luis Mejía, comentó que hace dos semanas tres miembros de su familia también habían sido atacados, incluyendo dos jóvenes baleados por la Policía.
La crisis económica, social y política que enfrenta Nicolás Maduro, el presidente impopular de Venezuela, está empeorando debido al incremento de la violencia que está causando temores de que este país rico en recursos petroleros corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido.
Mejía, el empleado encargado de manejar los cadáveres, comentó que hace una década recibía siete u ocho cuerpos cada fin de semana. Actualmente, dice que el número ha aumentado a 40 o 50.
Los críticos dicen que el Gobierno de Venezuela es cada vez menos capaz de proporcionar a sus ciudadanos agua, electricidad, salud o una economía funcional que puede suministrar alimentos básicos o medicinas indispensables, mucho menos seguridad personal.
Sólo el mes pasado, los venezolanos se enteraron de la ejecución de al menos 17 mineros de oro supuestamente realizada por una Mafia minera, los asesinatos de dos oficiales de la policía por un supuesto grupo de estudiantes que estrellaron un camión contra una barricada y un drama de rehenes dentro de una prisión causado por un grupo de criminales armados con granadas. El miércoles de la semana pasada mataron a tres policías cuando un grupo armado liberó a uno de sus miembros de una cárcel en la capital.
Al menos 10 murieron en un barrio pobre en Caracas a raíz de una confrontación entre maleantes locales armados con rifles de asalto, mientras que un alcalde local fue acosado y baleado fuera de su casa en el estado de Trujillo el mes pasado. Además, hay reportes generalizados de linchamientos.
Todo esto ha creado una incertidumbre general sobre la habilidad de Maduro para mantener el orden. Venezuela tiene la tasa de crecimiento de inflación más elevada del mundo y su recesión empeora día con día. La semana pasada, Maduro declaró que cada viernes sería un día feriado durante los siguientes dos meses para ahorrar electricidad ya que una sequía prolongada ha exacerbado los apagones crónicos en el país. Hay una escasez de bienes básicos. Los analistas advierten que la crisis económica se está convirtiendo en una crisis humanitaria.
“El concepto del Estado fallido es una idea nebulosa que a menudo se utiliza con demasiada ligereza”, dice Moisés Naím, un becario distinguido del Carnegie Endowment for International Peace. “No es el caso de Venezuela hoy día”.
Venezuela ya es uno de los países más mortíferos en el mundo. El Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo de estudios independientes local, dice que la tasa de homicidios subió el año pasado a 92 homicidios por cada 100.000 residentes. El fiscal general cita un número más bajo de 58 homicidios por cada 100.000.
En 1998, un año antes de que el expresidente Hugo Chávez comenzara su mandato, la tasa era de 10 por cada 100.000, dice el director del grupo, Roberto Briceño León, quien añadió que después de 17 años de la “revolución” socialista, los pobres son la mayoría de las víctimas.
“Creo que es evidente que el Estado venezolano no puede ejercer su función de Estado en muchas áreas del país, así que debería considerarse un Estado fallido”, dice Briceño, añadiendo que el Estado no es responsable por toda la violencia.
Pero el Estado sí es responsable por alguna parte de esa violencia, según un informe realizado por los grupos de defensa Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.
“Los venezolanos se enfrentan a las tasas de homicidios más altas del hemisferio y necesitan protección efectiva contra delitos violentos urgentemente”, dijo José Miguel Vivanco director de HRW para las Américas. “Pero se alega que, en múltiples redadas a través del país, las mismas fuerzas de seguridad han cometido serios abusos”.
Sus resultados muestran que las incursiones de la Policía y los militares en la comunidades de bajos ingresos y de inmigrantes en Venezuela han impulsado alegatos generalizados de abuso, incluyendo matanzas extrajudiciales, detenciones masivas arbitrarias, maltrato de los detenidos, desalojos forzados, destrucción de hogares y deportaciones arbitrarias.
El Gobierno generalmente culpa a los paramilitares colombianos de derecha luchando contra la revolución por la violencia en el país. Pero como David Smilde y Hugo Pérez Hernáiz de oficina del Washington Office on Latin America, un grupo de estudios independientes, escribieron recientemente: “Atribuir la violencia de Venezuela a la actividad paramilitar ha sido una movida retórica comúnmente utilizada por el Gobierno durante el último año”.
Para muchos venezolanos, ya no importa quién tiene la culpa.
“La política del Estado es dejar que la anarquía se apodere del país”, dice un expolicía que se encuentra fuera de la puertas de una base en Caracas (anteriormente una comisaría de la Policía) que ahora alberga al Frente 5 de Marzo, uno de los grupos políticos que se consideran los encargados del fuego sagrado del socialismo. Las puertas están pintadas con los colores de la bandera venezolana y están llenas de agujeros de bala.
El hombre cree que hay una guerra civil en su país. “Venezuela está en el caos ahora”, dice. “Parece que no hay salida”.
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