Las fuerzas sindicales de Argentina se unen este viernes para realizar la primera gran demostración opositora en rechazo a los ajustes y despidos durante los primeros cuatro meses del gobierno del presidente Mauricio Macri.
La movilización cierra una semana en la que Macri sufrió su primera derrota parlamentaria, luego que el senado aprobara una ley antidespidos que el presidente promete vetar si termina por ser votada en la Cámara de Diputados al considerar que "destruye el trabajo".
Las tres alas de la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) dejaron atrás las diferencias que los dividieron durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015) para hacer frente a lo que consideran una embestida contra los trabajadores desde que el 10 de diciembre asumió el gobierno de la alianza de centroderecha Cambiemos.
"La movilización del viernes es de protesta por falta de respuesta del gobierno", advirtió Hugo Moyano, uno de los poderosos líderes de la CGT, alineada con el peronismo, y aseguró que "el movimiento obrero está unido". Los sindicatos industriales, comerciales y estatales, volverán a manifestarse en unidad para conmemorar el 1 de Mayo, Día del Trabajador, como hace años no ocurría en Argentina, frente al Monumento al Trabajo, en el barrio de San Telmo de Buenos Aires.
"Ojalá que sea una marcha en paz, en homenaje por el Día del Trabajador, y esperemos que sea en esos términos. Otra cosa sería un poco difícil de justificar, a poco más de cuatro meses de la gestión que, como todos saben, arranca con una herencia pesadísima", dijo a radio Mitre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Sin convocar a un paro, durante la tarde del viernes algunos sectores impulsarán el cese de tareas para asistir al acto. Las cinco centrales obreras se unieron para denunciar "una ola de despidos" tanto en el sector público como en el privado, y reclaman una ley que prohíba las cesantías, medidas para paliar la inflación que analistas proyectan del 36% en el año y la reducción del impuesto a los salarios medios y altos. Médicos, maestros, bancarios, portuarios, estatales, universitarios y un sinnúmero de sindicatos ya han hecho huelgas y protestas en los últimos meses.
Contra el ajuste y la pobreza
El sindicalista José Rigane, de la CTA Autónoma, destacó que "el conjunto del movimiento obrero va a movilizarse contra los despidos, contra el ajuste y contra la pobreza que se profundiza en el gobierno de Macri", al advertir que "sin trabajo no hay 'pobreza 0'", en alusión a la promesa electoral del presidente.
Macri estará lejos de Buenos Aires, ya que viajará a Tucumán (1.200 km al norte), donde anunciará un Plan Nacional del Agua que, según un comunicado oficial, prevé crear 200.000 puestos de trabajo.
En sintonía con el reclamo sindical, la mayoritaria oposición en el Senado viene de asestarle el primer revés parlamentario a Macri, al aprobar el miércoles un proyecto de ley contra despidos, aunque aún debe ser tratado por Diputados. De aprobarse la norma que declara una emergencia ocupacional por seis meses, Macri podrá usar el derecho a veto, una decisión con alto costo político en un contexto de ajuste económico y con unos 100.000 despidos desde que asumió en diciembre, según sindicatos.
El gobierno admitió que en los primeros tres meses del año despidió a casi 11.000 empleados, pero esta semana se empeñó en minimizar las pérdidas de puestos de trabajo. Sólo en febrero, el empleo en la construcción bajó 6,5% en la comparación interanual, informó el jueves el Instituto de Estadística de la Industria de la Construcción (IERIC), un sector particularmente afectado por el freno a la obra pública.
Cámaras industriales admitieron que miles de puestos de trabajo están en riesgo, por el alza de costos y la caída de consumo, cuyo impulso había sido uno de los ejes del gobierno anterior.
Oposición en la calle
El kirchnerismo, el peronismo no kirchnerista, los partidos de la izquierda radicalizada, así como organizaciones sociales se sumarán a la movilización.
En un documento, el Partido Justicialista (PJ, peronista) acusó al gobierno de haber "dispuesto una serie de medidas económicas a partir del 10 de diciembre del 2015, que han afectado el poder adquisitivo del salario y del ingreso de las familias". "El aumento del precio de los alimentos y el incremento en las tarifas de los servicios públicos son solamente dos evidencias claras de la pérdida en el salario real que afectan la calidad de vida de millones de ciudadanos", afirmó.
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