A través de América Latina, figuras políticas poderosas están siendo afectadas por el renovado deseo de luchar contra la corrupción. Los gobernantes están bajo ataque en muchos países, desde México hasta Chile. El último ejemplo de esto es el derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil este mes, por acusaciones de que manipuló las cifras del presupuesto nacional.
Ahora Cristina Fernández de Kirchner (quien gobernó en Argentina durante ocho años, hasta el pasado diciembre) y algunos exasociados enfrentan alegatos que incluyen malversación, soborno y lavado de dinero.
La presentación de los primeros cargos formales en contra de Fernández la semana pasada, con respecto a la venta de contratos de futuros sobre el dólar por debajo del precio del mercado por el banco central, es solamente el comienzo de los problemas legales que enfrentarán los funcionarios de la exadministración.
“Ella va a acabar en la cárcel”, dijo Elisa Carrió, una integrante clave de la coalición del nuevo Gobierno del presidente Mauricio Macri, y una vocera del movimiento anticorrupción.
“Ella está involucrada en casi todas las demandas” conectadas con el previo Gobierno, añadió Carrió, argumentando que Fernández era la que asignó todos los contratos de obras públicas bajo sospecha de corrupción.
Fernández ciertamente tiene cada vez más problemas legales, ya que está implicada en varios otros casos aparte del de las prácticas controversiales del comercio de derivados del banco central, el cual sufrió pérdidas de hasta 5 mil millones de dólares en un intento de apuntalar la moneda en los últimos meses de su mandato.
Fernández, una populista apasionada, sostiene que los alegatos en su contra están diseñados para desprestigiar su legado y distraer la atención de la creciente inflación, los despidos y el aumento de la pobreza, conforme se sienten las repercusiones de las reformas orientadas hacia el mercado que incluyen una devaluación brusca y recortes de subsidios.
Mientras tanto, Fernández y sus seguidores subrayan el involucramiento de Macri en el escándalo conocido como Papeles de Panamá, conforme el nuevo líder de Argentina está bajo investigación por sus supuesta asociación con compañías “offshore”. El fiscal a cargo del caso dice que esta semana comenzará una nueva investigación debido a reportajes de los medios que indican que las compañías siguen activas, a pesar de declaraciones de Macri de que éstas se cerraron hace años.
Algunos observadores denotan el paralelismo con la situación en Brasil, donde Rousseff ha descrito su destitución como un “golpe de estado”, mientras que algunos miembros del gabinete de la nueva administración de Michel Temer enfrentan cargos de corrupción mientras intentan resolver los problemas económicos del país.
“Estas investigaciones se extenderán a otros funcionarios cercanos a la expresidenta, pero no alcanzan el nivel de seriedad de otras investigaciones, como el caso “lava jato” en Brasil ya que los jueces tienen motivos políticos y no son totalmente independientes”, dijo Daniel Kerner de Eurasia Group, una consultoría de riesgo político en Nueva York, refiriéndose a las diferentes investigaciones de corrupción que se están llevando a cabo.
Otros exfuncionarios oficiales que están siendo investigados debido a alegatos de corrupción incluyen a Julio de Vido, ministro veterano de planificación de los Kirchner; Aníbal Fernández, ministro del gabinete, y el vicepresidente Amado Boudou.
Entre los alegatos más dañinos en contra de Fernández se destacan aquellos relacionados con el lavado de dinero a través de hoteles que son propiedad de la familia Kirchner. Ella también ha sido acusada de soborno, junto con su hijo Máximo Kirchner, en relación con el caso.
“Los Kirchner robaron de dos maneras: reteniendo un porcentaje significativo de los sobornos o estableciendo sus propias compañías que pertenecen [en nombre] a Lázaro Báez”, aseveró Carrió.
Báez, un estrecho colaborador de la familia Kirchner, un importante contratista del Gobierno, está encarcelado a la espera de su juicio después de haber sido arrestado el mes pasado cuando aterrizó en Buenos Aires en su jet privado para responder a los alegatos de lavado de dinero y de la sobrefacturación de mil millones de dólares en contratos de obra públicas, en un promedio de 20 por ciento.
Leonardo Fariña, quien afirmó que asistió a Báez en el lavado de millones de dólares y cuyo testimonio resultó en su liberación de la cárcel en abril, dijo a periodistas locales el mes pasado que Fernández estaba consciente de estas acciones, las cuales fueron dirigidas por su esposo y predecesor como presidente Néstor Kirchner, cuyo mausoleo fue construido por Báez.
El testimonio de Fariña resultó en una serie de redadas realizadas a través de Argentina para recobrar activos robados, lo cual también reveló que Báez podría ser propietario de hasta 150 propiedades sin declarar.
Fernández ha reaccionado con furia a las acusaciones en su contra.
El mes pasado, después de ofrecer su testimonio, ella afirmó lo siguiente a un grupo de seguidores reunidos en frente de las cortes en Buenos Aires: “Cada vez que un movimiento político de carácter nacional y popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos”.
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