Los gobiernos progresistas de Latinoamérica, en lugar de realizar una transición para alejarse del
modelo extractivista y la herencia subsecuente de ruina ambiental, exclusión social, desigualdad,
dependencia económica y erosión de soberanía estatal, han optado por el neo-extractivismo. Este
modelo se diferencia de la etapa previa por una mayor participación y regulación por parte del estado:
incremento en regalías recibidas desde las empresas transnacionales y cambios en la redistribución
(principalmente a través de bonos sociales) de las ganancias de la extracción masiva de recursos
naturales no-renovables y no-procesados. (i)
El poder e influencia de las empresas transnacionales y los gobiernos que les apoyan no ha
cambiado mucho, y menos aún el cumplimiento de estas instancias con normativas sociales y
ambientales. A pesar de las políticas de nacionalización de algunas empresas privadas de extracción
y producción, estas siguen apuntando sus ingresos en el corto plazo, basando sus operaciones en la
rápida explotación y exportación del recurso sin invertir en infraestructura o exploración. Además,
siguen disfrutando de condiciones óptimas y preferenciales para su inversión y operación.
Por otro lado, estos gobiernos están cediendo más aún a nuevas influencias que deterioran el marco
normativo de los países, alejándolo del Buen Vivir. Tomando el ejemplo de Bolivia, han creado un
marco normativo favorable para la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía, la explotación de
recursos naturales en Áreas Protegidas y la apertura del país a organismos genéticamente
modificados. Todas estas actividades representan un amenaza al logro de principios fundamentales
del Buen Vivir en Bolivia, como los Derechos de la Madre Tierra, la Soberanía y Seguridad
Alimentaria y el Derecho al Agua. (2)
El descontento de la sociedad civil frente a estas violaciones de sus derechos humanos,
constituciones y esfuerzos de construir y vivir formas alternativas se refleja en el creciente rechazo del
modelo neo-extractivista y las discrepancias entre el discurso y las acciones de los gobiernos.
La
sociedad civil se está manifestando cuestionando el poder de los líderes con los cuales lucharon en
sus procesos políticos. La respuesta de los gobiernos frente al aumento de la oposición social
confirma su apuesta por el neo-extractivismo y el abandono del camino hacía el Buen Vivir:
criminalizan y deslegitiman todo tipo de oposición de grupos indígenas, movimientos sociales y
ONGs, incrementan el control, monitoreo y censura de estos actores y hasta ejercen la violencia física.
Es más, los criticados bonos sociales, que representan una medida de corto plazo para redistribuir
las ganancias de actividades extractivistas hacía programas sociales, sin enfrentar las causas
estructurales que hacen necesario esas programas, llegan a ser la mayor herramienta de los
gobiernos para defender y justificar el incremento del extractivismo. Mientras, el estado se hunde más
aún en la dependencia de estas actividades a pesar de sus impactos catastróficos sociales y
ambientales. (ii)
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