El juez Thomas Griesa dijo el viernes de la semana pasada que iba a levantar un polémico bloqueo financiero que impide a Argentina acceder a los mercados internacionales de capital.
El dictamen se ofreció bajo la condición de que Argentina derogue las leyes que le prohíben hacer pagos a los acreedores "holdout", que rechazaron las reestructuraciones de deuda después del impago de 2001 por la cantidad de 100 mil millones de dólares, y que posteriormente les reembolse en su totalidad a aquellos acreedores "holdout" que lleguen a un acuerdo con Buenos Aires antes de que acabe febrero.
La orden judicial se instauró después de que los acreedores "holdout", encabezados por Elliott Management del multimillonario estadounidense Paul Singer, obtuvieron una victoria legal en 2012, en la cual Griesa ordenó a Argentina pagarles en su totalidad al mismo tiempo que a los tenedores de deuda reestructurada.
La negativa a pagar a los acreedores no aceptantes por parte de la expresidenta Cristina Fernández ocasionó en 2014 el octavo impago en la historia de Argentina.
Sin embargo, la victoria de Mauricio Macri, favorable al mercado, en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, provocó un cambio radical en el enfoque de Argentina, y a principios de este mes hizo una oferta de pago de 6,5 mil millones a los acreedores "holdout", que demandan 9 mil millones.
Aunque Griesa actualmente carece de competencia para levantar la orden judicial inmediatamente debido a una apelación pendiente, la orden indicativa dejó claro cómo procederá cuando sea competente.
Macri, de centroderecha, quien tiene como propósito atraer la muy necesaria inversión extranjera, ahora debe convencer al congreso de Argentina de revocar las leyes que actualmente impiden los pagos a los acreedores "holdout" conforme a lo solicitado por el juez.
El congreso probablemente apoye a Macri, según Juan Germano, analista político, aunque puede haber un proceso de negociación algo agitado. "Estamos en vías de solucionar este conflicto", dijo.
"Esto es muy importante para Argentina. Despeja el camino para solucionar los problemas que estamos intentando resolver", dijo Daniel Marx, exsecretario de finanzas. Esto permitirá a Argentina regresar a la escena internacional después de un largo período de aislamiento, dijo, y, al mismo tiempo, permite al país pedir préstamos con tasas de interés más bajas y financiar la transición económica que está en marcha después de una década de políticas populistas e intervencionistas.
Nicolás Dujovne, economista, explicó que la capacidad de Argentina para solicitar nuevamente préstamos al extranjero ayudaría en su batalla para reducir una inflación de aproximadamente 30 por ciento, la cual muchos analistas consideran el mayor desafío que enfrenta Macri conforme comienzan las delicadas negociaciones salariales con los sindicatos.
Mientras que el anterior gobierno recurrió a la impresión de dinero para financiar un abultado déficit fiscal, lo cual solamente alimentó la inflación, una solución a la saga de los acreedores "holdout" permitiría al Gobierno emitir deuda externa.
Aunque la eliminación de la orden judicial le pondría fin al impago argentino de 2014 y le permitiría reanudar el pago a los tenedores de deuda reestructurada, no garantizaría el fin de la disputa con los acreedores "holdout", pues estos podrían apelar la decisión del juez.
Si Argentina logra revocar la legislación, según solicitó el juez, y procede a pagarles a los acreedores "holdout" que acepten un acuerdo, un levantamiento de la orden judicial debilitaría el apalancamiento de los acreedores "holdout" en las negociaciones.
Sin embargo, podrían apelar la medida, desencadenando potencialmente una renovada batalla legal que podría hacer que lo que se ha denominado el "juicio del siglo" por deuda soberana se prolongue aún más si no se alcanza un acuerdo rápido.
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