La Agencia de Noticias Bloomberg publicó su Índice Global de Miseria 2016, con la inflación y el desempleo como factores de medición. Entre 63 países, Venezuela, Argentina y Brasil están en el Top 10 del ranking de ‘Las economías más miserables del mundo’, una pena por su gente (Infobae.com, 7/02/2016).
Semejante noticia me recordó cómo Bolivia -durante la UDP en los años 80- igual fue una ‘economía desdichada’ por la hiperinflación y el desempleo derivados de un cúmulo de políticas públicas desacertadas que nunca quiera Dios que se repitan.
La inflación a quien más castiga es a la gente pobre y de ingresos fijos, y en Venezuela el pronóstico para el 2016 es que llegue al 270%, muy complicado para un país que lo importa todo y que -dependiendo un 95% sus exportaciones del petróleo, con un precio tan bajo- sufre una crisis sin salida.
Su sector agroproductivo e industrial fue liquidado, derivando en una crisis alimentaria dada la baja producción de comestibles por el control de precios que la desincentiva, el alto costo de insumos para producirlos y la inseguridad jurídica.
Argentina también sufre inflación previéndose un 25% para el 2016, y en Brasil el problema es la cesantía -se perdió más de un millón de empleos el 2015- por la peor crisis en 15 años que ocasionó el cierre de casi 100.000 empresas y comercios.
Gran parte del éxito de las políticas tiene que ver con las expectativas de la gente, en especial de quienes invierten y producen bienes y servicios para el mercado interno y para exportar creando riqueza y empleo, haciendo crecer el PIB y aportando a la soberanía alimentaria.
La inversión favorece con ingresos al trabajador y su familia, y con impuestos y divisas al Estado, de ahí que invertir es bueno y mucho más si se trata de negocios económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente responsables, como alienta el IBCE.
El expresidente del BCB Armando Méndez lo dijo -y yo lo corroboro- que el empresario privado debe ser visto como un “servidor social” pues, partiendo de su interés de producir una ganancia en pago a su creatividad, el riesgo que asume y su capacidad para generar riqueza satisface las necesidades de la sociedad creando empleos e ingresos para los ciudadanos y el Estado.
Para su buen ejercicio, hay instituciones que fiscalizan el cumplimiento de las normas que hacen a la actividad empresarial, pero cuando su labor sobrepasa lo racional y se torna asfixiante contra quienes operan dentro de la legalidad se dan reclamos por exceso de presión impositiva, abuso de autoridad, multas desmedidas, falta de profesionalismo, clausuras indebidas, etc., poniéndose en entredicho el sistema regulatorio (EL DEBER, 7/02/2016).
Dada la preocupación de muchos dirigentes y empresarios escribo hoy sobre el tema sin querer faltar el respeto a nadie. Nací en este país, vivo en este país y sueño con un mejor país para mis hijos y todos los bolivianos, por lo que prefiero pensar que el exceso de responsabilidad en el funcionario público es lo que está haciendo “la vida a cuadritos” a los empresarios.
Celebro que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Alvaro García Linera hayan manifestado su preocupación por la excesiva rigidez en el cumplimiento de la ley por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) quienes seguramente en el deseo de hacer bien su trabajo y cumplir metas de recaudación, puede que recauden más hoy pero provoquen que bajen los aportantes el día de mañana.
Frente a una posible crisis, hacer muy rígida la fiscalización del SIN, AEMP, MTEPS, ANB, etc., solo la agudizaría. ¿Por qué no pensar más bien en bajar la presión tributaria, facilitar al contribuyente el cumplir con sus obligaciones y -por qué no- en una regularización voluntaria para resolver las dificultades, en vez de exponer a la quiebra a empresas y que miles de familias pierdan sus ingresos?
El resultado directo del cierre o la informalidad de empresas sería la pérdida de empleos de calidad y recaudaciones para el Estado. Puede afectar los programas sociales y provocar un malestar en la población, lo que se debe evitar pues con el descontento viene la inestabilidad, manifestaciones, huelgas, paros, etc., y nadie gana.
Finalmente, una campaña de concienciación para cumplir con el Código
de Comercio, la Ley del Trabajo, el Código Civil, etc., ayudaría a que quienes trabajan sin entenderlo -las Mipymes, por ejemplo- lo puedan hacer. Entonces habrá más empresas formales, más contribuyentes y más empleos dignos
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