El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó ayer en Ginebra (Suiza) una resolución de condena contra los “fondos buitre” promovida por Argentina, que mantiene una batalla legal con los fondos especulativos poseedores de deuda pública en default (suspensión de pagos).
“Los ‘fondos buitre’ no van a parar hasta que nosotros les pongamos un freno”, dijo el canciller argentino, Héctor Timerman, al defender la resolución, que fue adoptada por 33 votos a favor, cinco en contra (incluyendo el voto de Estados Unidos) y nueve abstenciones, según la agencia AFP
“Los miles de millones que los fondos buitre se llevan del sur empobrecido [...] se traducen en el cierre de escuelas, hospitales vaciados de medicamentos, en regimientos de familias hurgando en la basura para comer”, añadió Timerman, que viajó a Suiza para la ocasión.
El texto “condena las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo, el reembolso de la deuda a esos fondos, en condiciones predatorias”.
Impulso. Además de Argentina, otros países que presentaron la resolución son principalmente Brasil, Chile, Cuba, Rusia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, El Salvador y Bolivia, estos cuatro últimos no miembros del Consejo de Derechos Humanos.
Estados Unidos justificó su voto negativo argumentando que las discusiones sobre los mecanismos de reestructuración de la deuda son técnicas y que “si no se manejan de manera adecuada, corren el riesgo de crear incertidumbres que podrían disparar el coste de los préstamos o incluso cortar la financiación para los países en desarrollo”. Según EFE, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, admitió ayer que la relación con Argentina pasa por un “periodo difícil”, pero destacó que el litigio entre el Gobierno argentino y los fondos de inversión no es un problema político bilateral, sino un asunto judicial.
La resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anima a los países a “participar en las negociaciones encaminadas a establecer un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”, previsto en la Resolución 68/304 de la Asamblea General.
Dicha resolución, impulsada por Argentina, el G77 y China, fue adoptada el 9 de septiembre en la Asamblea General en Nueva York, y preconiza “elaborar y adoptar a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales” un marco legal multilateral que permita reestructuraciones ordenadas de deuda soberana.
Buenos Aires mantiene una disputa legal con fondos especulativos, que califica de “buitres”, porque compraron bonos de deuda impaga desde 2001 y ahora exigen el 100% de su valor, pese a que el 93% de los tenedores de deuda argentina en default aceptaron importantes quitas.
Dichos fondos han logrado en Estados Unidos que el juez federal Thomas Griesa bloqueara pagos al 93% de bonistas que aceptaron entrar en las reestructuraciones en 2005 y 2010 de la deuda argentina, lo que llevó al país sudamericano a un default parcial el 30 de julio. Ayer se informó que Griesa autorizó el pago de Citibank a tenedores de bonos de deuda emitidos en dólares bajo legislación argentina.
¿Qué son los ‘fondos buitre’?
Argentina llama “buitres” a los fondos especulativos que compraron su deuda ya en default y recurrieron a la Justicia para obtener el pago del 100% de los adeudos. Además no se acogieron a la reestructuración de la deuda soberana de 2011.
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